Valoramos especialmente el anuncio de la incorporación de un informe de impacto sobre la infancia en toda la legislación, el reconocimiento de los niños como víctimas de violencia de género y la dotación presupuestaria del Plan.

El II Plan Estratégico de Infancia y Adolescencia 2013-2016 es el marco de referencia para el Gobierno central y los gobiernos autonómicos en materia de infancia, por lo que su aprobación es una buena noticia. Si se aplica con eficacia y de manera coordinada entre las diferentes Comunidades Autónomas, el Plan puede contribuir a una mayor protección de la infancia en España.

Aunque no conocemos aún el texto finalmente aprobado por el Consejo de Ministros, sí hemos tenido acceso a varios borradores de trabajo y hemos hecho recomendaciones al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a lo largo del proceso de elaboración.

A falta de conocer la versión definitiva y teniendo en cuenta los anuncios del Ministerio, hacemos una valoración positiva del Plan, pero advertimos de que el Plan necesita medidas complementarias para dar respuesta a los problemas más urgentes a los que se enfrentan los niños y las niñas en España.

Notables mejoras para la infancia

El Plan presenta notables mejoras respecto al anterior, fija 8 objetivos más concretos y medibles, artículados en más de 125 medidas, con indicadores para su realización y cuenta con un presupuesto asignado de más de 5.100 millones de euros.

“Los objetivos fijados en el Plan, a pesar de no abordar todos los ámbitos de actuación que pueden afectar a la vida de todos los niños y todas las niñas, se centran en dos temas sobre los que Save the Children ha llamado la atención reiteradamente: la pobreza infantil y el riesgo de exclusión social y la violencia contra los niños y las niñas”, explica Yolanda Román, Responsable de Incidencia Política de Save the Children.

El Plan contiene medidas para el apoyo a las familias y la mejora de la calidad de la educación y salud integral de los niños y las niñas, aspectos clave para paliar el impacto de la pobreza y la exclusión social en la infancia. “Esperamos que el Plan prevea una mejora sustancial de la cobertura de becas de comedor y de libros de texto, que garanticen a todos los niños el acceso a la educación en condiciones de igualdad y que aseguren su adecuada nutrición”, añade Román.

En relación con la protección de la infancia y la erradicación de la violencia contra los niños y las niñas, el Plan es un marco de referencia útil, pero no es suficiente para dar respuesta a un problema tan grave y complejo, que requiere esfuerzos mayores. Save the Children reclama la adopción de una ley sobre violencia contra la infancia que aborde de manera integral y completa este problema. Recientemente, los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados han solicitado la creación de una Subcomisión parlamentaria para el estudio de la violencia contra la infancia en España, lo que demuestra que es un tema de preocupación en la agenda política.

Reconocimiento de los niños como víctimas de la violencia de género

Valoramos en particular las medidas anunciadas por el Gobierno relativas al impulso de reformas de más de 10 leyes, que recogerán, entre otros aspectos, elevar la edad de matrimonio y consentimiento para las relaciones sexuales, el favorecimiento del acogimiento familiar frente al residencial en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor (cuya reforma fue anunciada al inicio de la legislatura) y el reconocimiento de los niños como víctimas de violencia de género. Este último ha sido uno de los puntos en los que más hemos insistido en los últimos años con nuestra campaña En la violencia de género no hay una sola víctima.

La reforma de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, prevista en el Plan, debe ser una prioridad para el Gobierno y llevarse a cabo cuanto antes. Esta revisión debería girar en torno a la plena garantía de todos los derechos de los niños y las niñas y su interés superior. Resulta preocupante en este sentido que los anuncios sobre la reforma de esta ley hablen de una desjudicialización de las decisiones en torno al proceso de acogimiento de menores de edad. Debe asegurarse la rápida adopción de decisiones sin que esto suponga una rebaja de la garantía de los derechos del niño.

Por último valoramos positivamente que se prevean medidas concretas para la mejora del funcionamiento del Observatorio de Infancia y el Registro Unificado de Maltrato Infantil, elementos esenciales para el monitorizar y evaluar del cumplimiento de los objetivos de las políticas de infancia y que hasta ahora no han resultado todo lo efectivos que deberían.